Muchas familias de adultos mayores se encuentran con el mismo requisito cuando piden a su obra social o prepaga la cobertura de un cuidador domiciliario: para que el pedido sea aprobado, hay que demostrar que la persona tiene una enfermedad o una discapacidad. Según una publicación de Infobae del 4 de octubre de 2026, el resultado es que buena parte de estos reclamos termina en la Justicia.
El proceso suele empezar con una larga lista de trámites. Para que una obra social o prepaga financie a una cuidadora domiciliaria, la familia tiene que tramitar el Certificado Único de Discapacidad, obtener una prescripción médica de internación o de asistencia domiciliaria, y documentar con detalle qué actividades cotidianas ya no puede realizar la persona. Cuando la empresa rechaza el pedido, muchas familias no tienen otra alternativa que presentar un amparo ante la Justicia.
Los números que cita la nota muestran la magnitud del problema. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron 7.523 causas en la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal, y de ellas 4.990 fueron amparos de salud, es decir, cerca de dos tercios (66%) del total. Según el texto, las familias llegan a los tribunales no porque quieran litigar, sino porque no encuentran otro camino.
La nota también señala una contradicción de fondo. La Ley 24.901, sancionada en 2009, reconoce la asistencia domiciliaria como una forma de evitar la internación institucional, pero no define un esquema de financiamiento homogéneo que la sostenga. Al resolver, los jueces suelen tomar como referencia el módulo de hogar permanente del nomenclador de discapacidad, y así terminan comparando el costo de la atención en casa con precios de instituciones, aunque el objetivo de la norma sea justamente evitar la institucionalización.
Otro argumento que aparece con frecuencia es el de la «familia continente». Según la nota, las obras sociales y prepagas sostienen que el cuidado es una responsabilidad familiar primaria, que ellas solo complementan. En la práctica, eso lleva a preguntar si hay una hija o un familiar disponible antes de considerar la cobertura. Como ejemplo, la nota menciona el caso de una mujer de 64 años con discapacidad visual, en Neuquén, que esperó cinco meses entre su pedido de ayuda, en abril de 2025, y la audiencia en la que un juez la escuchó, en septiembre.
Las consecuencias recaen de manera desigual, y sobre todo en las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, el 31,4% de las mujeres realiza tareas de cuidado doméstico, frente al 20,3% de los varones. En promedio, ellas dedican 6 horas y 7 minutos diarios a esas tareas, y ellos, 3 horas y 30 minutos. La nota describe además un fenómeno nuevo: personas mayores que cuidan a otras todavía más grandes, lo que vuelve a poner esa tarea en manos de mujeres.
En torno a este vacío surgieron estudios de abogados especializados en conseguir coberturas de cuidador domiciliario e internación. Quienes conocen ese camino obtienen medidas cautelares, pero otras personas mayores pagan la atención con sus jubilaciones sin saber que podrían reclamar. El resultado es una desigualdad poco visible, que depende de la información y de los recursos de cada familia.
Las proyecciones hacen que el problema sea cada vez más urgente. Un estudio del BID estimó que en 2020 cerca de 1,6 millones de personas mayores en la Argentina necesitaban ayuda para realizar actividades básicas, y se calcula que la población de 60 años y más pasará de 7,1 millones en 2020 a 12,5 millones en 2050.
En la práctica, las familias quedan frente a opciones difíciles: demostrar una enfermedad para acceder a la cobertura, pagar de su bolsillo un cuidador privado o una residencia, o iniciar un juicio. La autora de la nota sostiene que hace falta un sistema integral, con la participación del Estado, las obras sociales, los sindicatos y las empresas, con opciones públicas y privadas, y con financiamiento compartido. También plantea que las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, necesitan capacitación, salarios dignos, aportes jubilatorios y cobertura cuando enferman. Mientras esa red no existe, el problema se resuelve caso por caso, «amparo por amparo».
Desde CAECID seguimos de cerca este tema, porque impacta directamente en la atención domiciliaria. Esta nota se basa en la publicación de Infobae titulada «Para que te cubran el cuidado, primero tenés que demostrar que estás enferma», disponible en infobae.com.
